martes, 9 de enero de 2018

Igualdad y derechos de la mujer en Marruecos

Un somero análisis de lo que ha sido la evolución de los derechos de la mujer en estos últimos años en Marruecos validaría probablemente un juicio positivo, sustentado en los múltiples cambios normativos que se han producido. Sin embargo esta valoración positiva no sería más que una lectura muy superficial que ha de ser matizada y precisada. Entre los pasos dados para garantizar una mayor igualdad entre hombres y mujeres figura la reforma en dos ocasiones del Código de Familia (anterior Código del Estatuto Personal de 1958), también conocido como Mudawana, sobre el que en estos días el Gobierno se estaría planteando introducir una nueva actualización. Dicha reforma fue una consecuencia directa de la ratificación por Marruecos, el 21 de julio de 1993, de la Convención Internacional sobre todas las Formas de Discriminación hacia la mujer de 1979 (CEDAW). Asimismo, a consecuencia de dicha ratificación, se reformaron otros códigos como: el Código de Obligaciones y Contratos, el Código de Enjuiciamiento Civil y el Código de Comercio. La reforma del Código de Familia incidía en un ámbito en el que persistían y persisten, todavía hoy, el mayor número de discriminaciones contra la mujer, pues se trata del Derecho de Familia. La reforma del Código de Familia afectó, ante todo, al matrimonio, a su disolución, a la filiación y a la representación legal.

Las sucesivas modificaciones legislativas aportadas al Código de familia en 1993 y 2004, o la creación de una circunscripción nacional en las elecciones generales con listas compuestas exclusivamente de candidatas mujeres (que ha permitido duplicar la representación femenina en la Cámara de Representantes), se inscribieron en un contexto de apertura que estuvo acompañado por la creación de un “Ministerio para la condición femenina” (ya desaparecido). En cualquier caso, todos los cambios legislativos registrados en el Derecho de familia no supusieron, en realidad, un avance para el derecho a la igualdad de la mujer, sino que, más bien, contribuyeron a consolidar ciertos cambios sociales del modelo de familia.

Pero ha sido sin duda tras la adopción de la Constitución de 2011 cuando se han intensificado los motivos para un impulso legislativo en el ámbito de la igualdad de género. En su Preámbulo, la Constitución proclama que «El Reino de Marruecos se compromete a combatir y a prohibir toda discriminación hacia cualquiera por razón de su sexo». Asimismo, en su art. 19 el texto constitucional consagra una igualdad total entre hombres y mujeres en el disfrute de derechos no solo constitucionales sino también convencionales. El contenido del art. 19 de la Constitución se completa con la elevación de “la paridad entre hombres y mujeres” a la condición de objetivo constitucional, y con la institucionalización de la “Autoridad para la Paridad y la Lucha contra todas las formas de discriminación” (APALD), órgano que tan solo tendrá capacidad de formular propuestas y recomendaciones sobre proyectos y proposiciones de ley.
Además de la nueva Constitución, Marruecos es en la actualidad signatario de ocho de los nueve instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la igualdad de sexos, no solo la ya mencionada CEDAW, sino también, entre otras, tres de las cuatro convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad (Convención 100 y 111 sobre igualdad de oportunidades, de trato y de remuneración). Prácticamente ya bajo la égida de la nueva Constitución tenía lugar asimismo la retirada de las reservas a los arts. 9.2 (transmisión de la nacionalidad de la madre a los hijos) y 16 (igualdad en el matrimonio y el divorcio) de la CEDAW en 2011, sin embargo en otros ámbitos como es el de la violencia de género, no se han ratificado importantes instrumentos internacionales como la Convención de Estambul del Consejo de Europa de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica, abierta a terceros estados.
A pesar de la constitucionalización de la igualdad y la paridad, la nueva Constitución nos devuelve a dos tipos de problemas que persisten a lo largo del tiempo, no obstante la sucesión de diferentes textos constitucionales. De un lado, se constata en esta Constitución, al igual que en la anterior de 1996, una decidida voluntad de hacer constar al más alto rango la igualdad de derechos de la mujer, pero este tipo de proclamaciones constitucionales han tenido prácticamente un valor declamatorio, en primer lugar por no estar configurados como un derecho subjetivo dada la inexistencia hasta ahora de un mecanismo de tutela de los derechos mediante la cuestión de inconstitucionalidad por violación de derechos constitucionales prevista en el art. 133 de la Constitución. Todavía a día de hoy, se está ultimando el texto legal que permitirá cuestionar la constitucionalidad de una ley en los procesos judiciales por alguna de las partes en el litigio cuando estimen violado algún derecho fundamental, ley cuyo texto difiere su aplicación a un año vista. De otro lado, en segundo lugar, existen, por decir así, algunas cláusulas “perturbadoras” o moduladoras del contenido de algunos enunciados constitucionales entre los que se encuentra el propio art. 19 en el que se consagra la paridad. En efecto, el reconocimiento del disfrute en igualdad de los derechos constitucionales y convencionales para hombres y mujeres según el dictado constitucional está condicionado al “respeto de las disposiciones de la Constitución, de las constantes del Reino y de sus leyes”. Interpretada de este modo una cláusula de este tenor no puede dejar de sorprender por un doble orden de consideraciones. En primer lugar, el respeto a las leyes no puede ser interpretado como una reserva de ley para la regulación de los derechos, ya que ésta claramente se ubica en el art. 71 del texto constitucional. Por otro lado, no tendría sentido garantizar el igual disfrute de derechos constitucionales para hombres y mujeres “en el respeto de las disposiciones de la Constitución”, pues no sería sino una vana tautología. Lo que a nuestro juicio parece estar indicando en realidad el art. 19 es que el respeto de la Constitución, las constantes del Reino y sus leyes actúa como un límite para los derechos convencionales reconocidos en Tratados Internacionales, a modo de una cláusula de orden público, de ahí que la cláusula encabezada por la expresión “en el respeto de” se encuentre inmediatamente precedida de la referencia a los derechos enunciados en las convenciones y pactos internacionales. Esta hipótesis se ve reforzada por una cláusula casi de idéntico tenor a la del art. 19, -y que este último precepto no haría más que reiterar-, incluida en el Preámbulo de la Constitución y en virtud de la cual se reconoce a las convenciones internacionales “la primacía sobre el derecho interno del país”, si bien “en el marco de las disposiciones de la Constitución y de las leyes del Reino, en el respeto de su identidad nacional inmutable” (referencia implícita a las constantes del Reino).
En definitiva, se habría querido introducir mediante la exigencia de “respeto a las disposiciones de la Constitución, las constantes del Reino y de sus leyes” una serie de restricciones a los derechos claramente derivadas de la Constitución (donde se contienen las reglas de sucesión al Trono que excluyen a la mujer) y derivadas de algunas leyes, en especial, el Código de Familia, al igual que las derivadas de aquellos otros textos legales inspirados por la tradición islámica (constante del Reino) y en los que la mujer se encuentra discriminada en ámbitos como la herencia, la poligamia, el régimen económico matrimonial, el pago de pensiones alimenticias, la guarda y custodia de los hijos o la filiación de los hijos de madres solteras. Así pues, una vez más al igual que con anteriores Constituciones, parece que la paridad y la igualdad de derechos podrá proyectarse sobre la participación política y social de las mujeres, pero podría no tener cabida en aquellos textos normativos que tienen anclaje en el derecho o la tradición islámica.

No es por ello de extrañar que desde ciertas posiciones se continúe sosteniendo que existe un ámbito de ciudadanía proyectado hacia lo público en el que debe regir la igualdad entre sexos, diferenciable del ámbito privado o familiar que sería, por excelencia, un espacio regido por normas culturales. A nuestro juicio, sin embargo, “la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos iguales e inalienables” exigen asentar la igualdad de derechos a partir del espacio privado especialmente regido -aunque no solamente-, por el Derecho civil, pues es aquí donde tiene lugar la socialización y aprendizaje de la convivencia entre sexos y es el espacio en el que los cónyuges deben ser sujetos de los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos deberes. Precisamente se constata con preocupación la necesidad de prevenir y castigar la violencia sobre la mujer no solo en el ámbito público y en los lugares de trabajo, sino también en el ámbito doméstico y en el seno familiar, ya que en la legislación penal sigue sin incriminar comportamientos como la violación dentro del matrimonio o el acoso sexual en el espacio público. Una reforma en profundidad del Código Penal, debería eliminar asimismo la atenuación de penas por delitos de violación si la mujer víctima no es virgen, ya que la violación sigue estando encuadrada en los delitos contra la decencia y el honor.

Tanto el legislador, -que debería proceder a una extensa obra de armonización de la legislación para ponerla en conformidad con la nueva Constitución-, como la Autoridad para la Paridad (cuando entre en funcionamiento), tienen por delante una ingente tarea si tenemos en cuenta las propias cifras suministradas el Alto Comisariado para la Planificación (organismo equivalente al INE español), ya que, según estas cifras, en torno al 46% de mujeres son analfabetas, más de 6 mujeres de 10 son víctimas de violencia y malos tratos; las mujeres padecen el desempleo dos veces más que los hombres y en materia salarial; el salario medio de una mujer es 26,2% más bajo que el de los hombres. Asimismo, según el Informe sobre Desigualdad del Fórum Económico Mundial de 2017, Marruecos se coloca en el puesto 136 de 144 países de la clasificación. Comparando con los registros de hace diez años Marruecos no avanza o solo ligeramente, al pasar del 0,583 al 0,598 en 2017 (teniendo en cuenta que la puntuación de 1 representa la paridad total). No obstante, en el desglose de la puntuación Marruecos obtiene buenas ratios, rozando la paridad total, en el acceso a la educación (0.920) y a la sanidad (0.965), pero sigue obteniendo baja puntuación en la paridad de la representatividad de las mujeres en política (0.117) o en la participación económica de las mujeres (0.391).



La instauración de la paridad entre sexos debiera, por tanto, estar precedida por el reconocimiento de condiciones reales que permitan una igualdad efectiva en el ejercicio no solo de derechos políticos, sino también derechos económicos, sociales y civiles, pues todos ellos son interdependientes entre sí respecto a la igualdad de sexos.

Hanae Cherai

Investigadora en Derecho Constitucional
Universidad de Jaén

jueves, 14 de diciembre de 2017

Por una Constitución con perspectiva de género

Con motivo del trigésimo noveno aniversario de la Constitución española la Red Feminista de Derecho Constitucional ha hecho público el documento 'Posicionamiento de la Red Feminista de Derecho Constitucional ante la necesaria reforma de la Constitución'. Se trata de un documento clave para entender las propuestas de reforma del texto constitucional con perspectiva de género. Un documento que marca los ejes transversales y las implicaciones de incorporar el 'género' como categoría de análisis jurídico. Y es que tras casi cuarenta años de vigencia constitucional la realidad más inmediata ha evidenciado la desigualdad estructural subyacente en el pacto de convivencia social. Una realidad que resulta imposible obviar si tenemos en cuenta los datos sobre violencia de género en el ámbito relacional de la pareja o ex pareja, la brecha salarial de género, los datos sobre acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, los datos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual así como en materia de conciliación entre la vida personal, familiar y profesional sin olvidar los datos en materia de corresponsabilidad, etc. Datos que – desde un análisis jurídico crítico – obligan a profundizar seriamente sobre los motivos por los que pese a que la igualdad normativa y formal tras la aprobación del texto constitucional del 78 resulta incuestionable, sin embargo, su traslación a la realidad inmediata ha dejado (y deja) mucho que desear. Desde esta posición crítica se observa cómo el pacto de convivencia social plasmado en la Constitución española de 1978 se articuló sobre un modelo normativo de lo humano que hizo abstracción de la sexuación de los sujetos de derecho. De ahí que las mujeres fueran (fuéramos) instaladas en la 'otredad' constitucional con respecto al sujeto jurídico/universal. Una otredad que no ha resultado anodina desde el momento en que se observa cómo la igualdad efectiva y real – en sede constitucional – no se ha configurado desde el reconocimiento de dos sujetos igualmente diferentes. Al contrario, la igualdad constitucional se ha venido articulando desde el reconocimiento de un sujeto jurídico/universal – de un sujeto persona – que no ha tenido en cuenta la categoría 'sexo' como hecho biológico natural que ha servido de excusa y/o ha dado cobertura al sistema sexo/género para neutralizar y/o naturalizar desigualdades sociales. Pues bien, desde esta realidad incuestionable la Red Feminista de Derecho Constitucional ha hecho públicas sus propuestas en materia de reforma constitucional. Unas propuestas de reforma que pasan por una reformulación intensa del pacto constitucional en clave de género desde una serie de prespuestos básicos, a saber: incorporar la perspectiva de género de forma transversal en todo el texto constitucional, superar la tradicional división público-privado de los espacios de interacción social, reconocer la subjetividad jurídica y política de las mujeres, etc. En esta línea el documento de 'Posicionamiento' recoge una Declaración de Intenciones que se concretan en una serie de propuestas clave para posteriores análisis y desarrollos en relación a los valores y principios constitucionales, a la forma política del Estado, a los derechos y libertades, a los órganos constitucionales, a la llamada Constitución económica, al modelo territorial del Estado y al propio principio democrático. Sin duda, propuestas renovadoras y necesarias para un modelo constitucional que poniendo en valor los logros de la Constitución de 1978 no deja de reconocer la necesidad de avanzar en clave de género para una Constitución de todas y todos.


Puede consultarse el documento 'Posicionamiento de la Red Feminista de Derecho Constitucional ante la necesaria reforma de la Constitución' en el siguiente enlace: http://feministasconstitucional.org/wp-content/uploads/2017/12/RFDC_posicionamiento_RefConst-4-diciembre-2017..pdf


María Concepción Torres Díaz
Profesora de Derecho Constitucional y Abogada
Secretaria de la Red Feminista de Derecho Constitucional 

jueves, 30 de noviembre de 2017

QUE LOS MALTRATADORES SE SIENTAN VIGILADOS, UN CAMBIO RELEVANTE DE PARADIGMA

Las estrategias jurídicas destinadas a prevenir, y, en la medida de lo posible, evitar la violencia contra la mujer exigen el desarrollo de un pensamiento constante destinado a mejorar y a perfeccionar las medidas adoptadas hasta el momento cuando se demuestra que no cumplen adecuadamente con la finalidad que están llamadas a cumplir. 

Los operadores jurídicos, tales como Jueces y Fiscales, precisan, para que su quehacer cuente con instrumentos científicos que complementen su interpretación jurídica de los hechos, de la presencia de psicólogos altamente cualificados en materia de violencia contra la mujer y que éstos trabajen en todos los juzgados en la instrucción preliminar de las causas penales. Sus informes deberían aportarse a la instrucción, de forma que el Ministerio público dispusiese de un instrumento idóneo en el que apoyar, junto con otras informaciones relevantes, su valoración de riesgos, hoy muy insuficientes merced a instrumentos informáticos como el VioGen usual en los atestados policiales y que no proporciona una información suficiente de riesgos. Por otro lado, no es desacertado proponer, de lege ferenda formas de conformidad premiadas que tengan como finalidad específica que los presuntos agresores se sometan voluntariamente a evaluaciones psicológicas en la instrucción, de modo que los perfiles de estos, formen parte del conjunto de hechos de valoración científica por el Ministerio Público y por los Jueces en la instrucción de las causas de violencia contra la mujer, la determinación más precisa del riego real y efectivo tendría en estos informes una fórmula más rigurosa de evaluar la eficacia de las medidas que se promuevan o evaluar ex ante del catálogo de acciones disponibles la más adecuada en función de la valoración de riesgos objetivos basada en la personalidad del agresor.

Por último pero no menos importante que lo anterior, un cambio en el paradigma de la protección podría o debería situar ésta de lege ferenda sobre el presunto agresor, más que sobre la víctima, sin que por razones puntuales ésta la pueda precisar simultáneamente con la primera en casos concretos, pero la idea de vigilar al agresor en vez de a la víctima podría lograr que la víctima y su estatuto jurídico integral logren alcanzar un nivel de “normalidad” que le permita a ésta realizar una vida lo más plena e integrada posible y sin sujeción a los fuertes condicionamientos de una seguridad asfixiante y no siempre operativa que limita, en todo caso, la vida personal y familiar de la víctima. Pensemos, por ejemplo, en los hijos de la víctima, estos, no se pueden proteger adecuadamente de forma simultánea a la mujer ya que la fuerza pública actuante carece de recursos personales suficientes para proveer dos focos de control: la víctima y sus hijos,  pero una vigilancia del agresor bien planificada y desarrollada sí tendría efectos sobre todas sus conductas periféricas y daría cobertura de seguridad a los hijos y a la mujer maltratada de forma simultánea, el coste-beneficio se puede observar con facilidad. Por otro lado, no cabe duda de que la calidad de vida de la víctima se vería, pensamos, notablemente mejorada ya que su libertad no se vería afectada al tener conocimiento preciso de que el agresor está siendo objeto de vigilancia y control, la posibilidad, por ejemplo, de violar una orden de alejamiento en éste nuevo paradigma sería así evitado o fuertemente minimizado, entre otras ventajas del cambio de modelo.


Las medidas aquí únicamente esbozadas en sus líneas más generales deben ser objeto de ulteriores análisis y exigen ciertamente un compromiso económico serio, sostenido y riguroso, de forma que la implantación de las mismas se realicen de forma eficiente. No nos podemos conformar con lo existente, debemos buscar fórmulas que permanentemente evalúen la eficiencia de las medidas adoptadas y cambiarlas si son incapaces de alcanzar los resultados deseados con respeto de los derechos fundamentales implicados.

Dr. Luis Miguel González de la Garza.
Profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
Ex Fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla.

martes, 14 de marzo de 2017

Mujeres Y Franquismo (Una selección de artículos y documentos audiovisuales en internet)

Recordemos que, sobre el papel, durante los años de la II República (1931-1936), la mujer había alcanzado una cota de derechos comparable al de las naciones más avanzadas: por un lado, y a través de la Constitución de 1931, se consagraron ciertos derechos básicos, como el de sufragio, la igualdad ante la ley, la escuela obligatoria, gratuita, laica y mixta o la admisibilidad sin previa distinción de sexo en los empleos; y por otro, a partir de su correspondiente desarrollo, se promulgaron numerosas leyes, entre las que cabe destacar las de matrimonio civil y de divorcio (1932), así como la despenalización del aborto por causas eugenésicas (1936). Cabe decir, con todo, que el nuevo marco jurídico solo se visualizará en toda su amplitud y alcance durante los años de la guerra, posiblemente más por necesidades coyunturales que por verdadera convicción.  
El final del conflicto bélico y la instauración del régimen franquista trajeron consigo un cambio radical en todos los ámbitos de la vida no solo política, sino social, educativa, laboral y familiar. En este sentido, la represión se cebó particularmente en el sector femenino de la población, ya que a las restricciones de derechos y libertades -cuando no directamente a su abolición- que padeció la población entera, vinieron a sumarse muchas otras específicas para la mujer. El proyecto resultante hundía sus raíces no solo en un modelo pre-republicano, sino incluso muy anterior, y las principales organizaciones a las que se encomendó dicha tarea fueron, básicamente, dos: la Iglesia católica y la Sección Femenina de la Falange Española. 
Dichas organizaciones, aunque compartían lo esencial del modelo, tenían en algunos aspectos, más bien menores, visiones divergentes, y ello suscitó algún que otro encontronazo entre ambas, sobre todo en el periodo conocido como primer franquismo (1939-1959). Cabe afirmar, sin embargo, que dichas fricciones tenían su origen más en la lucha por el monopolio de las políticas femeninas que en la naturaleza de las medidas que cabía aplicar al respecto. La influencia del fascismo italiano y el nazismo alemán sobre la Falange y su Sección Femenina proyectaban una imagen de la mujer ciertamente tradicional, pero con algunas variantes, tales como un cierto culto al cuerpo a través de la educación física, que mal podían encajar en el ideario de la Iglesia, más partidaria de su ocultación, cuando no directamente de su mortificación. Asimismo, el rol de la mujer en la sexualidad contenía pequeñas pero reveladoras diferencias. Así, para la Sección Femenina prevalecía el sometimiento sobre la moral, recomendado a la mujer ceder sin poner en tela de juicio a los requerimientos del esposo; mientras para la Iglesia, la mujer debía contener los excesos de aquél si sobrepasaba los límites de lo moral y sexualmente convencional de acuerdo, claro está, con su criterio pastoral. 
Ahora bien, en el fondo, el proyecto del régimen para la mujer era bien sencillo, y apenas consistía en poco más que en devolverla a la situación anterior a toda reivindicación de género y situar en su horizonte vital el modelo más tradicional posible, aquel que la vinculaba, en el ámbito privado, a la maternidad y el cuidado de la familia; y en el laboral, a actividades relacionadas con dichas funciones (la educación infantil, el cuidado de los enfermos, el servicio doméstico, etc.).
Para el régimen surgido de la Guerra Civil, no cabían disensiones ni matices. Mucho menos, resistencias. El exilio de las voces más preclaras del progresismo femenino y el silencio obligado de las que, presas o estrechamente vigiladas, permanecieron en el país, contribuyeron en gran medida a que la aplicación del nuevo modelo se produjera sin dilaciones ni sobresaltos. También contribuyó a su plena implantación el hecho de que en la España rural -con un gran protagonismo y peso en la época- e incluso en muchas capitales de provincias los cambios que la República trajo consigo apenas tuvieron ocasión y tiempo de arraigar en el imaginario colectivo.
Hasta bien entrada la década de los años sesenta, la mujer española fue considerada, a efectos prácticos, como una menor de edad; eso sí, una menor de edad con una enorme carga de trabajo y responsabilidades. A su completa supeditación al varón -padre, esposo o tutor- en el ámbito familiar y conyugal, vinieron a añadirse otras limitaciones, como la gestión del propio patrimonio, la imposibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo o la obtención del pasaporte. Incluso, hasta 1963, el Código Penal permitía al marido -arrebato pasional mediante- asesinar a la esposa adúltera con la garantía de una práctica total impunidad. 
En los últimos años del franquismo, se produjeron numerosas circunstancias que cambiaron radicalmente el escenario; unos cambios apenas reflejados, ciertamente, en lo político y jurídico, pero sí en lo social y familiar. El auge del turismo de masas, la creciente influencia cultural externa, una incipiente clase media, un mayor acceso de la mujer a la universidad, un tímido resurgimiento del feminismo y la aparición de unas generaciones que no habían vivido ni la guerra ni las etapas más duras del franquismo, fueron separando, de manera creciente e imparable, a la sociedad de un régimen moribundo que trataba de mantener, ya inútilmente, sobre ella un férreo control.

Sin embargo, para muchas mujeres, esas cuatro décadas de dictadura fueron prácticamente toda su vida, una vida que jamás recuperarían y que hubiera merecido en su momento, aunque nunca es tarde, nuestro respeto, homenaje y reparación.  

(Nota explicativa: El Área de Coordinación de Bibliotecas de Centros Asociados de la UNED y Proyectos Culturales, en colaboración con el Centro Asociado de Asturias, ha elaborado una exposición bibliográfica virtual sobre el papel de la mujer, en diversos ámbitos, durante el franquismo. Dicha exposición virtual incluye los enlaces a una amplia selección de artículos de revistas académicas y especializadas, así como a algunos documentos audiovisuales disponibles en libre acceso. Con esta iniciativa se ha pretendido acercar a la comunidad universitaria y al público en general un periodo de nuestra historia ampliamente abordado desde múltiples aspectos y puntos de vista y que, más de cuarenta años después, sigue suscitando debate e interés. Se ha aportado, asimismo, una bibliografía de monografías para quien desee profundizar en este tema, así como una breve selección de títulos de películas y canciones que, de una manera u otra, lo ilustran).

JOSÉ BURGOA ABARCA
Coordinador de Bibliotecas de Centros Asociado de la UNED y Proyectos Culturales

Punto de Interés "Mujeres en el franquismo a través del cine". 

viernes, 24 de febrero de 2017

PEDRO FERNÁNDEZ SANTIAGO Y SU “COMBATE” CONTRA LA DESIGUALDAD. -In memoriam-

Pedro Fernández era Profesor del Departamento de Servicios Sociales de la UNED, Doctor en Sociología y Diplomado en Trabajo Social. También fue Director docente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

Pero sobre todo fue un hombre comprometido. Un hombre que luchó contra la discriminación en todos los niveles, y lo hizo siempre con toda la fuerza que pudo, que era mucha, no en vano había sido boxeador amateur de joven; una de las cosas que sin duda todos recordamos son sus grandes manos, que con su corazón, todavía más grande, y su sonrisa, son las tres que al cerrar los ojos nos vienen a la memoria.

Como apuntó el profesor Alonso Seco en la hermosa semblanza que hizo de Pedro en el acto homenaje de su Facultad de Derecho celebrado hace pocas semanas, Pedro era un hombre combativo, crítico, inconformista, un compañero ejemplar; y recordando los poema del alma de Machado “más que un hombre al uso que sabe su doctrina, en el buen sentido de la palabra, bueno”.

Sin duda, añadimos nosotros, uno de esos hombres que ayudan a vivir, de los que nos hablaba Albert Camus.

Pedro creía y luchaba por la igualdad.

En el ámbito docente e investigador trabajó en materias de violencia de género y salud mental comunitaria, violencia de género y discapacidad, rehabilitación psicosocial en salud mental, etc.
Coordinó también con mucho esfuerzo y trabajo por su parte la titulación de Trabajo Social y fue miembro fundador del Centro de Investigación sobre Dependencia y Autonomía Personal, coordinado por su gran amiga Ana Rosa Martín Minguijón, Decana de la Facultad de Derecho aquel año 2004, cuando que tuvimos la fortuna de que la trayectoria vital de Pedro se entrecruzara con nuestra Universidad; un equipo en el que también estaba otra gran amiga suya, Carmen Alemán, directora de su Departamento.

Es difícil centrarse en un aspecto de su trabajo y compromiso para apuntar en estas pocas páginas, pero quizá si tuviéramos que resaltar ahora una lo haríamos respecto de su actividad con relación a las mujeres con discapacidad y más concretamente a las que sufren (y son muchas) violencia de género.

Mujeres que afrontan una doble discriminación, primero como mujer y segundo como mujer con discapacidad.

Mujeres que afrontan barreras en todos los ámbitos de su vida y que demasiadas veces (cada vez menos, gracias a personas como Pedro) nos resultan invisibles.

Mujeres (especialmente en el caso de las que sufren discapacidad intelectual) que suelen ser vistas como las eternas niñas, sometidas en sus entornos familiares a altos niveles de sobreprotección que terminan limitándolas más en su desarrollo personal.

Su trabajo “Violencia de género en la mujer con discapacidad en la Comunidad de Madrid” hace casi tres lustros fue pionero en los estudios en este campo, y sin duda es un referente para cualquier investigador al acercarse a esta materia. Un trabajo que continuaba su primer acercamiento en su tesis doctoral “Violencia Familiar. Perspectivas de las mujeres en casas de acogida en la comunidad andaluza”.

Como en el sermón de Montesinos, Pedro nos instaba a abrir los ojos, “¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico tan dormidos; siempre denunciando, como el fantasma de Casement aporreando la puerta en el poema de Keats.

Pedro publicaría luego muchos otros trabajos en autoría o coautoría como, por ejemplo, su “Compendio sobre violencia de género y factores de discriminación en la mujer con discapacidad”. Fundamental también su investigación con relación a la situación de la mujer, víctima de violencia de género, en las casas de acogida.

En este campo su labor fue destacada y sin duda será recordada mucho tiempo.

Teresa San Segundo, Directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, también lo destacaba en el homenaje brindado a Pedro, sobre la base de su fuerte compromiso por la solidaridad y la justicia (contra las injusticias). Y evocaba la dedicatoria del último libro que habían publicado juntos y su dedicatoria, “A quienes se atreven a ser libres, a ser con mayúsculas”, que bien podría ser aplicada al propio Pedro.

Una libertad entendida desde el compromiso en su lucha contra cualquier tipo de discriminación. Cómo no recordar ahora aquella frase con lo que en ocasiones comenzaba sus conferencias o su primer día de clase para reflejar desde el primer momento su compromiso: “Hoy me siento mujer, transexual, negra, lesbiana, con discapacidad…”. Una frase que era  trasunto de su posición vital, activa y comprometida hasta el extremo.

Somos muchos los que recordamos a Pedro y al hacerlo, aunque todavía el dolor nos bloquea, nos viene una sonrisa a la cara al hablar de él.


            Hasta siempre, compañero.

Fernando Reviriego Picón
Profesor de Derecho Político
UNED